Políticas sociales, un avance histórico

Eduardo Amadeo, Infobae.com, 16 de abril de 2018.

El 11 de abril se publicó en el Boletín Oficial el decreto 292/2018 que, además de establecer las incumbencias del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, fija para este organismo la obligación de “elaborar y ejecutar el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales, el cual será de cumplimiento obligatorio para las políticas, los programas, los planes y los proyectos sociales financiados con fondos del Tesoro Nacional o con financiamiento proveniente de organismos internacionales”.

Dice también el decreto: “Las políticas, los programas, los planes y los proyectos sociales deberán diseñarse con base en una matriz metodológica común con vinculación a los sistemas de información a los fines de su monitoreo y evaluación, de conformidad a los criterios que al efecto determine el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación”.

En otros párrafos se reordena el manejo de la información social de base para asegurar la coordinación de los datos básicos que permiten construir, seguir y evaluar las acciones públicas.

En síntesis: para diseñar una política, un programa, un plan o un proyecto social que sea financiado con fondos del Tesoro Nacional o de organismos internacionales, antes habrá que adecuarse a un marco metodológico riguroso que asegure su viabilidad e impacto; los que serán además evaluados periódicamente y sus resultados serán enviados al Congreso de la Nación y difundidos públicamente.

Este decreto recoge una tendencia que se va consolidando en el mundo en pro de la eficiencia, la transparencia y el impacto de las políticas sociales. Toma, entre otros antecedentes, una tarea legislativa que con otros diputados iniciamos en 2010 y que fuese reiteradamente rechazada por el kirchnerismo, que no evaluó el impacto de ninguno de los miles de millones que invirtió en programas pretendidamente milagrosos.

Aprovecha también otros antecedentes internacionales, como el del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) de México que transformara las políticas sociales en aquel país.

Pero lo más importante es que, cuando se implementen las obligaciones que se crean, se habrá terminado con el vicio de asignar recursos públicos con pretendidos objetivos sociales que no respondan a criterios técnicos mínimos y cuyo impacto sobre la vida de las personas nunca se conozca. La historia argentina puede contar en miles de millones de pesos este tipo de proyectos que no solamente no cambiaron la vida de sus supuestos beneficiarios, sino que, peor aún, fueron fuente de frustraciones irrecuperables.

La evaluación permanente del impacto de las inversiones públicas es un derecho de los ciudadanos, no un privilegio de las burocracias. Es por ello tan importante que se genere la información que permita, a través de la presión social o de los mecanismos institucionales que maneja el Congreso, exigir los cambios correspondientes cuando los impactos sean erróneos o perversos.

Este decreto abre de tal manera un proceso que no tendrá marcha atrás y que generará una dinámica política muy importante y que reforzará la nueva estrategia social que lleva adelante el Ejecutivo. Piénsese qué sucederá cuando cada año, al discutirse el presupuesto nacional, los ministros correspondientes deban concurrir al Congreso con los resultados de evaluaciones que puedan demostrar éxitos o errores que deban corregir para seguir adelante con sus programas.

Por todo ello, aún con poco impacto mediático, acabamos de asistir a un cambio copernicano en el modo como debe funcionar una administración pública que pretenda transformar para bien la vida de las personas mas débiles. ¡En buena hora!

Fuente: Infobae.com

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